Persona de quien el juez estima que, del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a sí misma o a sus bienes. Por ello, le limita dicha capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años por padecer una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad. La persona con capacidad restringida tiene derecho a recibir los apoyos necesarios en función de las necesidades y circunstancias con el fin de que promuevan  su autonomía y favorezcan las decisiones que respondan a sus preferencias; derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; a participar en el proceso judicial con asistencia letrada; y a que se prioricen las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. (LEY 26.994. ART. 32)